El Tribunal Superior de Londres vive uno de sus juicios más mediáticos desde el pasado lunes 19 de enero, cuando el príncipe Enrique de Inglaterra compareció junto a otras seis personalidades británicas de renombre, incluyendo al icónico Elton John, para enfrentarse al gigante mediático Associated Newspapers Limited, la compañía matriz del Daily Mail y el Mail on Sunday.
Los demandantes acusan al grupo editorial de utilizar métodos ilícitos para obtener información personal entre 1993 y 2018, incluyendo el acceso no autorizado a cuentas bancarias, registros médicos y comunicaciones privadas. El proceso, que se prevé durará aproximadamente nueve semanas, representa una de las batallas legales más significativas entre la realeza británica y los medios de comunicación en décadas.
La declaración del duque de Sussex, inicialmente programada para el jueves, se adelantó al miércoles 21 de enero tras una inesperada brevedad en la presentación del caso por parte de la defensa. Antony White, abogado representante de Associated Newspapers Limited, necesitó únicamente 75 minutos para exponer sus argumentos, muy por debajo del día y medio originalmente estimado.
Durante su testimonio, el príncipe reveló cómo las estrictas normas protocolarias de la Casa Real británica le impidieron tomar acciones legales anteriormente. «Como miembro de la institución, la política era nunca quejarse, nunca dar explicaciones», declaró ante el tribunal, exponiendo las limitaciones que enfrentó mientras formaba parte activa de la monarquía.
Esta declaración arroja luz sobre las tensiones internas que el duque experimentó durante años, donde el protocolo real chocaba con su deseo de defenderse públicamente de lo que considera intrusiones ilegítimas en su vida privada. El caso representa un punto de inflexión en la relación entre la prensa británica y los miembros de la realeza, especialmente tras la salida de Enrique y Meghan Markle de sus roles oficiales en 2020.
El juicio no solo busca compensación económica, sino que también pretende establecer precedentes importantes sobre los límites éticos del periodismo de investigación y la protección de la privacidad de las figuras públicas en el Reino Unido.