El cantante Julio Iglesias ha solicitado formalmente el archivo de las diligencias preprocesales abiertas en su contra, argumentando que la Fiscalía de la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar presuntos delitos de agresión sexual que habrían tenido lugar fuera del territorio español durante 2021.
La defensa del artista ha presentado un escrito de personación en el que alega que el ministerio público español no puede ejercer una competencia «universal» en estos casos, y que las denunciantes no tienen derecho a elegir libremente la jurisdicción que consideren más favorable para presentar sus acusaciones.
Las denuncias fueron presentadas por dos exempleadas del cantante: una trabajadora del servicio doméstico y una fisioterapeuta, quienes han sido citadas para declarar como testigos protegidas. Ambas mujeres trabajaron para el intérprete de «Me olvidé de vivir» y alegan haber sufrido agresiones sexuales mientras prestaban sus servicios.
En su escrito, Julio Iglesias hace referencia al «daño reputacional» que le están causando estas acusaciones y mantiene su inocencia. El caso se encuentra actualmente en fase de diligencias preprocesales, lo que significa que aún no se ha iniciado una investigación judicial formal.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional debe ahora analizar tanto las denuncias presentadas como los argumentos de incompetencia territorial alegados por la defensa del cantante antes de decidir si España puede asumir la investigación de estos presuntos delitos o si debe remitir el caso a las autoridades del país donde supuestamente ocurrieron los hechos.
Este procedimiento determinará si el sistema judicial español tiene capacidad legal para investigar delitos de esta naturaleza cuando han sido cometidos en territorio extranjero, estableciendo un precedente importante para casos similares en el futuro.